El Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos, en un frente unificado que sumó el respaldo de sus bloques de senadores y diputados provinciales, la Liga de Intendentes y los legisladores nacionales del espacio, emitió un crítico documento en el que manifestó su absoluto rechazo al proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones promovido por el gobernador Rogelio Frigerio. En el texto, la conducción partidaria no solo cuestionó los alcances de la iniciativa legislativa, sino que fijó un fuerte límite interno, advirtiendo sobre sanciones disciplinarias para aquellos representantes que incumplan la postura orgánica del peronismo entrerriano.
Para la principal fuerza de oposición de la provincia, la reforma previsional representa un severo retroceso en materia de derechos laborales y nace con vicios de inconstitucionalidad que derivarán en una judicialización masiva.
Vinculación de la reforma con las políticas de ajuste nacional
El documento emitido por el justicialismo inscribe la reforma en el contexto macroeconómico nacional, acusando a la administración provincial de convalidar el ajuste fiscal centralista:
- Impacto de la recesión: El peronismo atribuyó la premura del tratamiento del proyecto a las políticas de ajuste aplicadas por el gobierno de Javier Milei, señalando que la parálisis económica y el desplome de la recaudación por la recesión empujan a la provincia a buscar el «déficit cero» a costa de los haberes de los pasivos.
- Renuncia al reclamo federal: El PJ acusó directamente al gobernador Frigerio de claudicar en la defensa de la autonomía entrerriana por no exigir de manera firme los fondos históricos que la Nación adeuda por ley a la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, convalidando de forma fáctica un recorte sobre las finanzas de la provincia.
- «Nivelar hacia abajo»: Se cuestionó el discurso oficialista al considerar que la reforma busca instalar una falsa división entre los trabajadores de los sectores público y privado con el fin de restarle legitimidad a los derechos adquiridos en el ámbito estatal.
Los puntos críticos y vicios de inconstitucionalidad denunciados
El análisis técnico-político de la iniciativa gubernamental detalla una serie de objeciones estructurales sobre el articulado del proyecto de ley:
- Pérdida de movilidad (Art. 34): El documento alerta que se elimina la movilidad histórica de los haberes al desvincular las actualizaciones del escalafón de origen, delegando en el Poder Ejecutivo la discrecionalidad para definir las pautas de incremento a través de índices propios.
- Licuación del haber inicial (Arts. 31 y 63): Califican al sostenimiento del 82% móvil como una «maniobra publicitaria vacía», argumentando que la extensión de la base de cálculo de las últimas 120 a las últimas 180 remuneraciones producirá un recorte inmediato y real en la determinación de las nuevas jubilaciones.
- Delegación de facultades (Art. 6): El rechazo a la declaración de la emergencia previsional se fundamenta en que funcionaría como un «cheque en blanco» para que el mandatario provincial modifique aportes patronales, personales y alícuotas mediante decretos unilaterales.
- Afectación a los municipios (Art. 15): Se objeta la potestad otorgada a la Contaduría General de la Provincia para retener de forma automática fondos de coparticipación a las comunas que registren deudas previsionales, al entender que lesiona la autonomía financiera municipal.
- Sesgo de género y sectores afectados: El comunicado advierte que el denominado «aporte solidario» recaerá sobre sectores laborales altamente feminizados y que las modificaciones perjudican de manera directa a trabajadores de áreas sensibles como salud, educación y el servicio penitenciario, además de elevar la edad jubilatoria y recortar las pensiones por viudez.
Advertencia disciplinaria y disciplinamiento partidario
En un claro mensaje hacia el interior de las bancadas legislativas que debaten el proyecto en la Legislatura provincial, el justicialismo entrerriano canceló cualquier margen de negociación individual:
Mandato partidario obligatorio: «Cualquier postura de legisladores provinciales peronistas que no se encuadre con el rechazo absoluto a este proyecto constituirá una posición strictly personal y en abierta desobediencia al mandato partidario», reza la declaración. El PJ ratificó que no existe espacio para acompañamientos individuales o abstenciones, calificando las modificaciones incorporadas al dictamen de mayoría de la Cámara Alta como reformas «meramente cosméticas e insuficientes».
Advertencia por judicialización y defensa del sistema solidario
Hacia el cierre de la declaración, las autoridades del PJ sostuvieron que la sustentabilidad del régimen previsional entrerriano debió discutirse recuperando los fondos retenidos por el Estado nacional y no ajustando las prestaciones locales:
- Costo fiscal futuro: El peronismo advirtió que la norma nace bajo un escenario de altísima conflictividad legal. Señalaron que lo que hoy el Gobierno presenta como un ahorro presupuestario, se convertirá a mediano plazo en un pasivo económico mucho mayor debido a las demandas judiciales masivas que interpondrán los sectores afectados.
- Posicionamiento político: El documento concluye definiendo a la iniciativa como «la reforma del conflicto permanente» y ratificando el compromiso del espacio de continuar defendiendo un sistema previsional público, solidario y de reparto.
