La paritaria de los trabajadores de la administración pública de Entre Ríos volvió a cerrarse sin consenso. El Poder Ejecutivo provincial ofreció un incremento salarial del 7% a liquidarse en dos tramos, propuesta que fue unánimemente rechazada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Ante la falta de acuerdo, la administración del gobernador Rogelio Frigerio confirmó que aplicará por decreto la suba correspondiente al mes de julio, mientras que ambas entidades sindicales ratificaron la realización de jornadas de protesta y paros para el transcurso de esta semana.
Desde el sector gremial se fundamentó el rechazo en la insuficiencia de la oferta frente al proceso inflacionario y en la ausencia de un esquema concreto para recomponer el poder adquisitivo perdido en los últimos meses.
Detalles de la oferta gubernamental y aplicación por decreto
La propuesta económica presentada por los representantes del Estado entrerriano consistió en un incremento salarial del 7% distribuido de la siguiente manera:
- Primer tramo: Un aumento del 3% para los haberes correspondientes al mes de julio, calculado sobre la base del sueldo del mes anterior.
- Segundo tramo: Un incremento del 4% para los salarios de septiembre, tomando también como referencia la liquidación del mes inmediatamente previo.
Pese al rechazo formal de los paritarios sindicales, las autoridades provinciales anunciaron que procederán a liquidar de manera unilateral, mediante decreto, el porcentaje fijado para el mes de julio, manifestando a su vez la intención de convocar a una nueva mesa de diálogo durante el próximo mes de agosto.
ATE ratificó el paro con movilización en rechazo al salario y a la reforma previsional
El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, describió el escenario de negociación como «muy tenso» y argumentó que las cifras oficiales se encuentran desfasadas de la realidad socioeconómica de los agentes estatales:
- Pérdida del poder adquisitivo: El dirigente gremial expuso que desde diciembre de 2023 el retraso salarial acumulado frente a la inflación supera el 41%, por lo cual insistió en la necesidad de un plan integral de recuperación salarial que no fue incluido en la propuesta oficial.
- Medidas de fuerza confirmadas: ATE ratificó la realización de un paro total de actividades con movilización para este miércoles. La medida de fuerza unificará el reclamo por recomposición salarial con el rechazo al proyecto de ley de reforma previsional que se debate en la Legislatura provincial.
- Críticas de alineación política: Muntes cuestionó la sintonía entre la gestión provincial y las políticas macroeconómicas de la administración nacional de Javier Milei, señalando que las consecuencias del ajuste fiscal recaen directamente sobre los ingresos del sector público.
UPCN se retiró de la mesa y prepara un «paro activo» con reclamos sectoriales
Por su parte, la comisión directiva de UPCN, encabezada en la mesa de negociación por la secretaria adjunta Carina Domínguez, rechazó los términos del ofrecimiento pero aclaró que mantendrán abiertas las instancias de diálogo con el Ejecutivo:
- Impacto de la suba: Desde el gremio se estimó que el incremento propuesto representa, en términos reales, una suba que no supera los 40.000 pesos para la gran mayoría de las escalas salariales de la administración central.
- Irregularidades en el aguinaldo: Domínguez denunció la existencia de errores administrativos en la liquidación del último medio aguinaldo, afirmando que numerosos agentes estatales percibieron sumas de hasta 70.000 pesos menos debido a la exclusión de las sumas fijas en el cálculo del beneficio.
- Demandas pendientes: UPCN reclamó la falta de avances en temas clave como la actualización de las asignaciones familiares, el establecimiento de un nuevo piso salarial y el tratamiento de las condiciones laborales en áreas críticas, especialmente en el sector de enfermería.
Ante este panorama, la conducción de UPCN anunció que durante el transcurso de la presente semana definirá la fecha y modalidad de un «paro activo», cuyo objetivo será visibilizar ante la comunidad la situación salarial y de trabajo de los empleados públicos entrerrianos.
