Una situación de extrema gravedad institucional y vulneración de la intimidad se registró en un establecimiento educativo de gestión privada de la ciudad, tras confirmarse la difusión no consentida de una fotografía íntima de una alumna menor de edad a través de múltiples grupos de la plataforma de mensajería WhatsApp integrados por estudiantes de la entidad.
La madre de la menor damnificada se comunicó de forma directa con la redacción de este medio para exponer los detalles cronológicos del hecho, y según su interpretación, el cuestionado accionar de las autoridades escolares y los serios obstáculos institucionales que debió sortear junto a su hija para lograr radicar la denuncia penal.
Cronología del hecho dentro del establecimiento educativo
De acuerdo con el testimonio y las constancias de la presentación facilitadas por la progenitora, el episodio tuvo lugar el pasado 5 de mayo de 2026 durante el turno mañana, mientras la menor se encontraba cursando su horario normal de clases en el establecimiento educativo. En un momento de la jornada, la alumna solicitó autorización para retirarse del aula, dejando su dispositivo móvil resguardado debajo del banco de trabajo.
Durante ese lapso, una compañera de banco se apoderó del teléfono celular y, tras desbloquearlo sin la debida autorización, accedió a las redes sociales y a la galería de archivos privados de la víctima. Tras localizar una fotografía de carácter íntimo, utilizó su propio dispositivo móvil para capturar una imagen del material visual expuesto, el cual comenzó a ser viralizado masivamente pocas horas más tarde en diferentes grupos de mensajería digital administrados por estudiantes de la entidad.
Respuestas del cuerpo directivo y deslinde de responsabilidades
Tres días después de constatada la filtración, el 8 de mayo de 2026, la madre de la menor se presentó formalmente en la escuela con el objeto de exigir la convocatoria a una reunión de padres y la aplicación inmediata de medidas disciplinarias y de contención ante un acto que afectaba gravemente la integridad psíquica de su hija.
Sin embargo, según detalló la mujer a este medio, las actuaciones internas del colegio derivaron en graves irregularidades administrativas. La institución omitió la aplicación de los protocolos de contingencia y no dispuso sanciones efectivas sobre la alumna señalada como responsable directa de la sustracción del material. Por el contrario, la implicada deslindó su responsabilidad acusando falsamente a otra compañera de curso, lo que motivó la confección de un Acta de Intervención Escolar errónea contra una estudiante ajena al inicio del conflicto.
Graves irregularidades en la Jefatura Departamental de Policía
El tramo más crítico en materia de desprotección institucional ocurrió el 13 de mayo de 2026 a las 18:30 horas, según detalla la madre, cuando junto a la menor se dirigieron a las dependencias de la Jefatura Departamental de Policía para formalizar la denuncia penal.
Al ser atendidas en la oficina de judiciales, el funcionario policial interviniente manifestó un trato hostil y denigrante hacia la denunciante y su hija. Según la presentación, el agente insultó a la menor, cuestionando de forma directa su conducta personal por haberse tomado ese tipo de fotografías y buscando responsabilizar a la propia víctima por la posterior circulación del material.
Ante los reclamos de la madre por la revictimización ejercida en una dependencia pública, un segundo funcionario policial de mayor jerarquía justificó inicialmente la imposibilidad de asentar el trámite aduciendo la realización de un procedimiento de allanamiento en curso, respaldando el accionar del primer efectivo que se negaba a recepcionar la presentación penal.
Tras superar dichos dilaciones y cuestionamientos institucionales, la denuncia pudo ser finalmente asentada para su posterior remisión a las autoridades judiciales competentes, quienes ahora se supone investigan tanto los delitos informáticos como el desempeño del personal policial interviniente.
Sin modificaciones en el escenario actual
Al cierre de esta edición, y según lo confirmado por la madre de la alumna a nuestra redacción, la situación no ha experimentado cambio alguno. El establecimiento educativo mantiene una postura de inacción sin aplicar sanciones correctivas a la responsable ni activar los mecanismos de contención psicológica, mientras que la familia continúa aguardando avances significativos en la investigación penal preparatoria.
EL ENCUADRE LEGAL: DELITOS INFORMÁTICOS Y SANCIONES PENALES
Desde el punto de vista jurídico, la sustracción de material privado del teléfono celular de un tercero constituye una vulneración directa del derecho a la intimidad y la privacidad protegido por el marco normativo vigente. Según los precedentes legislativos en la materia, la gravedad del hecho se incrementa de forma exponencial en función del procedimiento de obtención y el destino otorgado a los archivos correspondientes:
- Acceso ilegítimo y difusión no consentida: El acto de ingresar sin autorización a un dispositivo móvil ajeno para copiar, almacenar o reenviar imágenes de carácter íntimo a través de plataformas virtuales como WhatsApp encuadra en figuras de delitos informáticos, previéndose penas específicas de prisión y sanciones económicas asociadas a la violencia digital.
- Agravante por minoridad: El escenario penal adquiere una gravedad extrema e internacional si la persona afectada en los registros fotográficos o audiovisuales es menor de 18 años de edad. En tales circunstancias, las conductas vinculadas a la tenencia, producción o distribución de dicho material configuran delitos severos que contemplan penas de cumplimiento efectivo no excarcelables.
