El expresidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Emilio Castrillón, intervino en el debate previsional en torno al proyecto de ley de reforma jubilatoria enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura. En declaraciones radiales, el exmagistrado impugnó la utilización de la figura de «emergencia», analizó la procedencia histórica del déficit fiscal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, y criticó el accionar del senador opositor Rubén Dal Molín.
Cuestionamientos a la emergencia y la tesis del déficit crónico
Castrillón manifestó su abierto desacuerdo con los argumentos oficiales que justifican la urgencia de la reforma, señalando que la crisis del sistema no responde a un escenario excepcional, sino a una falta de previsión prolongada:
- Negligencia en lugar de emergencia: El ex titular del STJ afirmó que las dificultades financieras de la Caja son crónicas y derivan de la incorporación histórica de pasivos provenientes de empresas públicas privatizadas o disueltas, tales como el Banco de Entre Ríos, la distribuidora de energía eléctrica y el ex Frigorífico Regional Santa Elena. Afirmó que la situación actual representa una «negligencia por no cumplir con la armonización normativa con la Nación para el financiamiento del déficit».
- Sustentabilidad del sistema: Mediante el uso de la ironía, Castrillón relativizó la premisa técnica que exige una relación de tres aportantes activos por cada pasivo (3 a 1). Indicó que si la solución fuera incorporar más empleados públicos para alcanzar dicha proporción, el Ejecutivo simplemente trasladaría el desfinanciamiento previsional hacia las partidas de gasto salarial.
Objeciones institucionales al senador Dal Molín y alineación legislativa
Uno de los puntos más críticos de la alocución se concentró en la situación del senador provincial Rubén Dal Molín, quien tomó estado público tras haber iniciado su trámite de retiro y solicitar posteriormente la baja del expediente ante las repercusiones políticas negativas:
«Lo de Dal Molín es una payasada, como lo de Adorni. Después de haber iniciado el trámite de la jubilación, no podés volver atrás. Retirar el pedido porque se hizo público es una payasada, la verdad. Muestra que no está tan sólido», fustigó el exmagistrado.
Asimismo, Castrillón vinculó la disciplina de bloques en ambas Cámaras a las necesidades de permanencia en las listas electorales, señalando que la conformación de las candidaturas depende directamente de la conducción del Gobernador.
El rol del Fiscal de Estado y el escenario en el Senado
En el plano estrictamente técnico-jurídico, el exjuez precisó las competencias institucionales del Fiscal de Estado en caso de que la norma sea sancionada y reciba impugnaciones en los tribunales:
- Defensa de la Provincia: Aclaró que los intereses y políticas del Estado son fijados por el Poder Ejecutivo, por lo que el Fiscal de Estado tendrá la obligación legal de defender la constitucionalidad de la ley, de sus artículos o de sus normas derivadas ante cualquier proceso de judicialización.
- Proyección de votos: Respecto al comportamiento del Partido Justicialista (PJ), recordó que el congreso partidario emitió directivas orgánicas para rechazar el proyecto en el recinto. En tanto, al evaluar la postura de la senadora Gladys Domínguez (Peronismo Federal), cuyo voto es considerado clave para la definición de la ley en la Cámara Alta, Castrillón estimó que la legisladora propiciará la introducción de modificaciones técnicas al articulado en lugar de respaldar el texto original remitido por la Gobernación.
