El Concejo Deliberante de Concordia aprobó por unanimidad la derogación de la ordenanza de adhesión a la Ley Provincial N.º 9393, que regula la instalación de grandes superficies comerciales en Entre Ríos.
La decisión se produjo en el marco de la controversia por la habilitación de una nueva sucursal del mayorista Maycon, ubicada sobre calle Sarmiento. Según lo expuesto durante el debate, el establecimiento había completado sus remodelaciones y se encontraba equipado para comenzar a funcionar, pero su apertura estaba condicionada por los procedimientos establecidos en la normativa.
La situación generó preocupación por 30 puestos de trabajo vinculados al emprendimiento, lo que motivó la intervención del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Concordia.
La presentación ante el cuerpo legislativo fue realizada por el secretario general del sindicato, Juan José Simonetti, y una abogada del foro local en representación de la firma Alimentos Mayoristas de Concordia SRL.
Durante la sesión estuvieron presentes integrantes de la conducción gremial y trabajadores relacionados con el establecimiento.
El concejal Felipe Sastre, de Juntos por Entre Ríos, defendió la derogación al considerar que la legislación provincial se había convertido en un obstáculo para la radicación de nuevas inversiones.
Según explicó, la adhesión municipal obligaba a cumplir una serie de procedimientos administrativos que podían prolongar los tiempos de habilitación y desalentar la instalación de emprendimientos comerciales.
Entre esos requisitos mencionó los estudios de impacto socioeconómico y la realización de audiencias públicas, mecanismos contemplados por la Ley N.º 9393.
Sastre sostuvo que Concordia necesita generar condiciones favorables para la actividad privada y la creación de empleo, especialmente frente a los indicadores de pobreza que afectan a la ciudad.
“Que el municipio no sea una traba, que pregunte: ‘¿En qué te podemos ayudar?’”, expresó el edil al plantear la necesidad de simplificar los procesos de habilitación.
También señaló que, con la derogación de la ordenanza de adhesión, el municipio busca recuperar facultades vinculadas a la autorización de establecimientos comerciales.
Desde la oposición, la presidenta del bloque justicialista, Carolina Amiano, anticipó el acompañamiento de su bancada y destacó la importancia de preservar las fuentes laborales.
“Treinta puestos de trabajo en blanco realmente nos tienen que preocupar y ocupar”, manifestó.
La concejal consideró que Concordia necesita atraer inversiones y evitar demoras administrativas que dificulten la apertura de emprendimientos capaces de generar empleo formal.
En la misma línea, Yaiza Pessolani Bechet, de La Libertad Avanza, respaldó la iniciativa y sostuvo que es necesario reducir las trabas burocráticas para favorecer la actividad privada.
La coincidencia entre los distintos bloques permitió aprobar la derogación por unanimidad.
La Ley Provincial N.º 9393 establece procedimientos especiales para la instalación, ampliación o modificación de grandes superficies comerciales y cadenas de distribución.
Entre sus disposiciones contempla la elaboración de estudios de impacto socioeconómico, laboral, urbanístico y ambiental, además de una audiencia pública destinada a evaluar la conveniencia de cada emprendimiento.
Estos mecanismos fueron defendidos anteriormente por el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC), que había manifestado su preocupación por la instalación de grandes establecimientos sin el cumplimiento de los controles previstos.
La entidad sostuvo que la regulación buscaba proteger a los pequeños y medianos comerciantes frente a las posibles consecuencias de la expansión de grandes cadenas comerciales.
La derogación de la adhesión municipal representa un cambio en la política local respecto de este tipo de emprendimientos, aunque no implica la eliminación de la ley provincial ni determina por sí sola la habilitación definitiva del mayorista Maycon.
La decisión abre una nueva etapa en el debate sobre el desarrollo comercial de Concordia: por un lado, la necesidad de atraer inversiones y generar empleo; por otro, el desafío de preservar la actividad de los comercios de cercanía, que también enfrentan dificultades por la caída del consumo.
El alcance concreto de la medida y sus efectos sobre futuras habilitaciones dependerán de los procedimientos legales y administrativos que correspondan aplicar.
Fuente: DRU.
