Bajo la denominación Peronismo Unido Concordia, distintos sectores del justicialismo difundieron un pronunciamiento contra el intendente Francisco Azcué, en respuesta a expresiones que, según los firmantes, dirigió hacia integrantes de anteriores gobiernos durante un streaming.
El documento reúne, entre otras, las firmas de Gustavo Bordet, Enrique Cresto, Ángel Giano, Armando Gay, Pablo Bovino, Aldo Álvarez y Mariano Giampaolo, además de autoridades partidarias y representantes de siete organizaciones sindicales.
Los dirigentes reconocieron la legitimidad de la alternancia democrática, pero calificaron a la actual administración como “el peor gobierno de los últimos cuarenta años”. Le atribuyeron improvisación, falta de transparencia y hostigamiento a sectores vulnerables.
Una parte central del texto está dedicada a defender las gestiones peronistas de 2003 a 2023. Entre las intervenciones mencionaron las costaneras de Concordia y Nébel, el saneamiento del arroyo Manzores, los programas PROMEBA y Hábitat, la relocalización de familias de zonas inundables y la ampliación de la Defensa Sur.
También incluyeron la nueva planta de agua, el Centro de Convenciones, el aeropuerto, el relleno sanitario del Campo del Abasto, instalaciones deportivas, el albergue del Polideportivo y las Termas del Ayuí.
En infraestructura vial, afirmaron que las administraciones anteriores realizaron más de 2.500 cuadras de pavimento y repavimentación. Compararon las 800 cuadras que atribuyeron a los primeros tres años de la gestión iniciada en 2015 con las treinta que adjudicaron al actual gobierno.
Respecto de los servicios, sostuvieron que dejaron más del 95 % de cobertura de agua y más del 90 % de cloacas. Esos porcentajes y las cifras de pavimentación forman parte del balance presentado por los firmantes.
El comunicado también reivindicó el diálogo con la oposición, sindicatos, comerciantes, empresas y organizaciones sociales. Asimismo, aseguró que Concordia había alcanzado posiciones destacadas en mediciones de transparencia y atribuyó un retroceso a la gestión actual, sin identificar en el texto los informes utilizados para esa comparación.
Otro cuestionamiento estuvo referido al fondo anticíclico de 2.700 millones de pesos que, según indicaron, entregaron al municipio, depositado en plazos fijos y equivalente a tres nóminas salariales. Afirmaron que estaba destinado a contingencias y que fue consumido durante el primer año de Azcué.
En materia laboral, defendieron las capacitaciones, la terminalidad educativa, las recategorizaciones y las paritarias de las administraciones anteriores. En contraste, denunciaron más de quinientas desvinculaciones de contratados, entre quienes señalaron que había trabajadores ingresados por concurso.
También cuestionaron el destino del ahorro atribuido a esas bajas y formularon acusaciones sobre una contratación con una empresa de otra provincia. El documento no individualizó la firma ni precisó la denuncia mencionada.
El pronunciamiento incorporó críticas a los antecedentes judiciales del intendente y sostuvo que sus expresiones respondían a un discurso preparado por una consultora porteña, afirmación atribuida a los propios dirigentes.
Entre las adhesiones sindicales figuran ATE, Bancarios, UOCRA, Luz y Fuerza, UTHGRA, Empleados de Comercio y Panaderos. El cierre reclamó al gobierno municipal preservar las obras y los servicios que los firmantes reivindican como patrimonio de todos los concordienses.
