La gestión municipal de Concordia atraviesa un escenario de fuerte tensión política y gremial tras la confirmación del cese de funciones de un centenar de empleados públicos. En ese marco, el secretario de Hacienda, Pablo Ferreyra, continúa sin fijar una fecha definitiva para concurrir al Concejo Deliberante a brindar los informes correspondientes sobre las cesantías. Paralelamente, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Concordia emitió un comunicado donde cuestionó la postura unilateral del Ejecutivo y advirtió sobre el impacto socioeconómico de la medida.
Hasta la mañana de este lunes, el funcionario del área económica no había respondido a las opciones cronológicas planteadas por las bancadas deliberativas para reprogramar la audiencia en comisión que debió suspenderse el pasado viernes.
Dilaciones en el Concejo Deliberante y falta de definiciones
La coordinación para la comparecencia del titular de la cartera de Hacienda se encuentra paralizada en el ámbito legislativo local, generando visiones contrapuestas entre los bloques:
- Bloque oficialista: Voceros del sector confirmaron que hasta el momento no se han registrado novedades ni modificaciones respecto a la agenda del funcionario.
- Bloque opositor: Representantes de la minoría señalaron que se otorgaron alternativas horarias sujetas a la disponibilidad de los ediles. La definición del encuentro permanece bajo la órbita de la presidenta del cuerpo, Magdalena Reta de Urquiza, quien debe coordinar la agenda final con Ferreyra.
Reclamo de ATE y diagnóstico sobre el contexto social de la ciudad
La conducción local de la Asociación Trabajadores del Estado manifestó su preocupación por la falta de respuesta al pedido de audiencia presentado oportunamente ante el despacho del intendente, señalando una persistente ausencia de espacios formales de negociación:
- Decisiones unilaterales: El sindicato denunció que las determinaciones que afectan la continuidad de los puestos laborales se ejecutan sin considerar la posición de las organizaciones gremiales ni evaluar las consecuencias directas sobre el sustento de las familias damnificadas.
- Vulnerabilidad estructural: Desde ATE remarcaron que el recorte de la planta de personal se produce en una de las ciudades con los índices de pobreza más elevados de la República Argentina, escenario donde —según la entidad— el Estado debería priorizar la preservación de los empleos estables y el fortalecimiento de la contención social.
«Generar desocupación, profundizar la precariedad laboral y dejar a más familias sin su sustento no puede ser el camino para superar esta difícil situación. Reiteramos nuestra voluntad de diálogo y de construcción de soluciones mediante el consenso», declararon desde la comisión directiva de ATE Concordia.
La organización sindical concluyó ratificando su disposición para alcanzar una resolución mediante canales institucionales, advirtiendo que la prolongación del silencio por parte del Ejecutivo incrementa el estado de incertidumbre y precarización de las familias afectadas por la medida administrativa.
Fuente: Diario Junio.
