Las concejalas del bloque justicialista de Concordia, Carolina Amiano y Claudia Villalba, formalizaron una presentación ante el Tribunal de Cuentas de la provincia para solicitar su inmediata intervención en el proceso de contratación de la empresa VITSA, prestataria del servicio de recolección de residuos en la ciudad. La iniciativa administrativa se fundamenta en la necesidad de auditar la legalidad, los procedimientos contables y el impacto patrimonial de la concesión, y se suma a la denuncia penal radicada por las mismas ediles la semana pasada.
De acuerdo con los argumentos esgrimidos por las legisladoras locales, la envergadura económica del contrato y los elementos incorporados a la causa judicial configuran un escenario que amerita la actuación urgente del órgano de control externo de la hacienda pública.
Ejes del reclamo y control sobre los fondos públicos
En el escrito elevado al Tribunal de Cuentas, Amiano y Villalba detallaron los puntos críticos que motivaron el pedido de auditoría integral:
- Magnitud presupuestaria: La contratación de la firma privada compromete una partida superior a los $3.000 millones anuales del erario municipal, factor por el cual consideran indispensable determinar la existencia de previsión y disponibilidad presupuestaria real.
- Evaluación de regularidad: Solicitaron de manera expresa que el organismo analice de forma independiente el procedimiento administrativo aplicado, la razonabilidad económica de los montos pautados y los informes técnicos y jurídicos que respaldaron las decisiones del Departamento Ejecutivo.
- Coexistencia de controles: Las ediles ratificaron que la tramitación de una investigación en sede judicial no invalida ni excluye los mecanismos de fiscalización administrativa. Por el contrario, instaron a la adopción de medidas preventivas para resguardar el patrimonio municipal mientras avanza el proceso penal.
Auditoría técnica y pedido de celeridad institucional
La presentación requiere que el Tribunal de Cuentas intime al Municipio a remitir la totalidad de la documentación del expediente para evaluar la existencia de presuntas anomalías administrativas, contables o presupuestarias. Las concejalas enfatizaron que el cuestionamiento supera el marco del debate político partidario, al encontrarse afectados directamente recursos de la comunidad y la prestación de un servicio público esencial para la higiene urbana de Concordia.
Finalmente, Amiano y Villalba exigieron celeridad al organismo de control para transparentar los plazos administrativos empleados y el volumen de los fondos públicos comprometidos. «Concordia necesita saber si un servicio público esencial fue contratado conforme a derecho, con transparencia, con respaldo técnico suficiente y sin ocasionar perjuicios al patrimonio municipal», concluyeron las representantes legislativas.
Fuente: Diario Río Uruguay
