El personal de la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina (PFA) ejecutó una orden de allanamiento en un establecimiento rural ubicado en la jurisdicción de la localidad de La Criolla. El procedimiento se inserta en el marco de una investigación penal orientada a determinar la comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
Las actuaciones se originaron a partir de una denuncia formal. Debido a la tipicidad y gravedad de los hechos bajo sospecha, las diligencias de campo y tareas de inteligencia criminal se desarrollaron de forma célere, bajo el diseño procesal de la Fiscalía Federal de Concordia, conducida por el fiscal Francisco Bernhardt, y con el control jurisdiccional del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi.
Condiciones de habitabilidad y situación del personal
Los elementos probatorios recabados por los efectivos de la fuerza federal permitieron documentar un escenario de extrema precariedad y vulnerabilidad para los operarios del predio rural:
- Déficit de infraestructura habitacional: Los trabajadores pernoctaban en estructuras civiles sin terminar, las cuales carecían de cerramientos esenciales como puertas y ventanas, privándolos de sistemas de calefacción y exponiéndolos a las contingencias climáticas.
- Privación de servicios básicos: Se constató la inexistencia de accesos formales a redes de agua corriente y gas, configurando un cuadro de subsistencia calificado por los investigadores como inhumano.
- Informalidad y desprotección legal: Las inspecciones arrojaron que los operarios no se encontraban registrados ante los organismos de la seguridad social, careciendo de aportes previsionales, cobertura de salud y de las garantías amparadas por la legislación laboral vigente.
Secuestro de material probatorio y despliegue multiagencial
Tras la validación de los indicios materiales recopilados, la magistrada interviniente libró la correspondiente orden de registro para el establecimiento. Durante la requisa judicial, se procedió al secuestro de documentación de interés legal, registros contables y dispositivos que complementarán el acervo probatorio de la causa.
Atendiendo a la complejidad integral de la matriz delictiva investigada, el operativo requirió la intervención conjunta y coordinada de diversos organismos estatales:
- Fiscalización fiscal y laboral: Participaron inspectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y funcionarios técnicos del Ministerio de Trabajo de la provincia de Entre Ríos.
- Contención y asistencia a las víctimas: El abordaje de los trabajadores damnificados estuvo a cargo de profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, en articulación con el personal del Programa Provincial de Rescate y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas, activándose los protocolos de asistencia psicológica, social y médica correspondientes.
Fuente: Concordia Policiales.
