La Multisectorial de Derechos Humanos de Concordia manifestó su conformidad con una resolución de la Cámara de Apelaciones de Paraná vinculada con hechos investigados en el marco del Plan Cóndor y el encubrimiento del homicidio de Jorge Papetti.
Según expresó en un comunicado, el tribunal rechazó los recursos de apelación presentados por cuatro exintegrantes del Ejército y confirmó que los hechos imputados de asociación ilícita, tormentos contra ciudadanos y ciudadanas de nacionalidad uruguaya y encubrimiento constituyen delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles.
La organización consideró que la resolución reafirma la importancia de la señalización del Regimiento como Centro Clandestino de Detención y Tortura durante la última dictadura cívico-militar.
En ese sentido, sostuvo que preservar ese sitio de memoria contribuye a transmitir los hechos históricos a las nuevas generaciones y a mantener presente lo acreditado por la Justicia sobre los crímenes del terrorismo de Estado.
El pronunciamiento también incluyó un repudio a declaraciones que la Multisectorial calificó como negacionistas, atribuidas a un concejal. Además, cuestionó que esas expresiones no hubieran sido objetadas por referentes del oficialismo. El comunicado no identificó al edil.
“Solo con Memoria, Verdad y Justicia es posible construir una sociedad democrática y un futuro de paz y esperanza”, expresó la organización.
Por otra parte, la Multisectorial manifestó su preocupación y rechazo ante cualquier modificación normativa que pudiera habilitar el uso de armas letales o menos letales por parte de la Guardia de Seguridad Urbana municipal.
La entidad sostuvo que estos elementos pueden poner en riesgo la vida o las funciones vitales de las personas y recordó que, según su planteo, la Guardia fue creada para cumplir tareas de prevención, persuasión y auxilio de la autoridad policial provincial. También consideró legalmente cuestionable una eventual modificación de esas funciones.
Finalmente, solicitó al intendente y a los concejales de Concordia que desalienten medidas de ese carácter y concentren sus esfuerzos en políticas destinadas a garantizar los derechos humanos y sociales.
La organización vinculó ese pedido con el contexto social, económico y político actual, en el que considera que los derechos fundamentales atraviesan una situación de especial vulnerabilidad.
