La Justicia entrerriana rechazó una acción de amparo contra el Estado provincial y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. El demandante cuestionó el artículo 34 de la Ley 11.302, que modificó el mecanismo de actualización de sus haberes, y pidió que se declarara su inconstitucionalidad. La sentencia, dictada el 12 de noviembre, impuso las costas al demandante.
El jubilado pretendía conservar el régimen anterior, que vinculaba la movilidad de su haber con los aumentos salariales del sector bancario. La reforma toma como referencia los incrementos del escalafón estatal con mayor cantidad de aportantes, que en este caso corresponde al personal del Consejo General de Educación.
Durante el proceso, la Caja informó que el beneficiario había percibido los aumentos bancarios correspondientes hasta la entrada en vigencia de la reforma, el 22 de agosto. También indicó que, en septiembre, el primer ajuste con el nuevo mecanismo fue del 3,5%, frente al 1,9% de la actualización salarial bancaria. Según los datos aportados por el organismo, la diferencia para ese mes fue de 1,6 puntos porcentuales a favor del nuevo cálculo.
La Caja y la Fiscalía de Estado defendieron la reforma y sostuvieron que el cuestionamiento debía tramitarse por otra vía judicial. La Fiscalía también invocó el déficit estructural del sistema previsional y la necesidad de preservar su sustentabilidad y su carácter solidario.
Malvasio coincidió con el dictamen del Ministerio Público Fiscal y consideró que la controversia exige un debate y una producción de pruebas más amplios que los que admite el amparo. La decisión se circunscribió a la admisibilidad de la presentación. La constitucionalidad del cambio en la movilidad jubilatoria quedó pendiente de resolución.
