El Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos informó de manera oficial que dará intervención inmediata al Tribunal de Disciplina para que actúe conforme a las previsiones contempladas en su Carta Orgánica partidaria. La resolución institucional se adoptó luego de que las legisladoras provinciales Nancy Miranda y Gladys Domínguez votaran a favor del proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones impulsado por el Poder Ejecutivo entrerriano, desoyendo el mandato expreso y obligatorio dictado por el Congreso del partido.
Desde la conducción del peronismo entrerriano señalaron que la actitud de las parlamentarias representa una abierta desobediencia a los órganos soberanos del partido y una contradicción directa con las banderas históricas de la fuerza política.
Violación del mandato partidario y posibles sanciones de expulsión
El Congreso Provincial del Partido Justicialista había resuelto por unanimidad rechazar la reforma previsional, argumentando que la misma constituye un retroceso en los derechos adquiridos de los trabajadores activos y pasivos. En dicha oportunidad, se estableció un mandato vinculante de voto negativo para todos sus representantes legislativos:
- Régimen punitorio: La resolución del Congreso partidario había dejado explícitamente asentado que aquellos representantes que incumplieran la directiva colectiva quedarían sujetos a las penalidades de la Carta Orgánica. Dichas sanciones políticas contemplan escalas que pueden alcanzar la expulsión definitiva del partido.
- Quiebre democrático: Para las autoridades del PJ, el voto afirmativo de Miranda y Domínguez no solo desconoce una decisión orgánica adoptada democráticamente, sino que avala un esquema que traslada el peso del déficit previsional hacia los aportantes del sistema.
Defensa de los sectores públicos y la propuesta alternativa del PJ
La estructura partidaria argumentó que la reforma ratificada afecta de manera directa las expectativas de una jubilación digna para sectores estratégicos del empleo público entrerriano, tales como los docentes, policías, trabajadores de la salud y empleados de la administración central.
Existencia de alternativas financieras: Desde el bloque justicialista enfatizaron que durante el debate parlamentario quedó demostrado que era factible otro camino de saneamiento. La oposición peronista había presentado un proyecto alternativo sustentado en estudios actuariales independientes y consensos institucionales que buscaban garantizar la sustentabilidad de la Caja sin necesidad de resignar derechos laborales ni vulnerar el principio de solidaridad intergeneracional.
Elevación de antecedentes y deber ético institucional
A través de un comunicado, el justicialismo entrerriano reafirmó su compromiso con la seguridad social como un derecho irrenunciable y remarcó las obligaciones que pesan sobre sus cuadros electos:
- Responsabilidad política: El partido ratificó que quienes acceden a bancas legislativas bajo la plataforma del peronismo tienen el deber político, institucional y ético de honrar los mandatos colectivos emanados de las autoridades partidarias, debiendo priorizar el interés de los trabajadores por sobre especulaciones de coyuntura.
- Inicio del proceso sumarial: Con la remisión formal de la totalidad de los antecedentes del caso al Tribunal de Disciplina, el órgano de control quedará facultado para evaluar formalmente la conducta de las legisladoras Miranda y Domínguez, sustanciar el proceso de defensa y dictaminar las sanciones correspondientes en los plazos previstos por el estatuto interno.
