La gestión del intendente Francisco Azcué quedó bajo la lupa tras la denuncia presentada este lunes ante el Ministerio Público Fiscal, donde se solicita que se investiguen graves irregularidades en la compra de alimentos por parte de la Municipalidad.
El abogado y ex concejal Daniel Cedro (PJ) pidió que la Justicia determine si existieron delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o cobros indebidos en el procedimiento de “compra, adquisición y recepción” de mercadería. Según documentos oficiales y publicaciones periodísticas, todo se habría realizado al margen de la normativa vigente.
El caso salió a la luz luego de la nota publicada por el diario El Entre Ríos, titulada “Proveedores se sienten estafados. Les pidieron mercadería anticipada, luego los dejaron fuera de la licitación y no les devolvieron el dinero”. Allí se exponen las denuncias de las firmas Ahora Voy SRL y Partarrié Distribuciones SAS contra la Municipalidad.
Mercadería entregada sin respaldo legal
De acuerdo a los documentos presentados, funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Humano –dependencia municipal a cargo de Roberto Niez– solicitaron a las empresas entregar mercadería “a cuenta” de una licitación que aún no estaba formalizada. El pedido habría sido tramitado por el entonces jefe del Departamento de Compras, Luis Araujo, bajo el argumento de la “urgencia”.
Un camión municipal retiró la mercadería pese a que no existía decreto de adjudicación ni orden de compra. Los productos entregados representaban el 64 % del total licitado: $7,3 millones por parte de Ahora Voy SRL y $13,6 millones por Partarrié Distribuciones.
Poco después, el Ejecutivo dictó el decreto 903/2025, que rechazó las ofertas de ambas firmas. El Concejo Deliberante respaldó la decisión y los proveedores quedaron fuera del padrón municipal, sin cobrar lo entregado ni recuperar su mercadería.
Justificación oficial y críticas
El Municipio argumentó que las empresas estaban bajo sospecha en una investigación provincial sobre provisión de alimentos a comedores escolares, aunque los Partarrié no se encuentran imputados. Esa excusa fue suficiente para cortar el vínculo, dejando a las firmas en una situación de perjuicio económico y legal.
Para Cedro, el accionar de la gestión de Azcué no solo violó la normativa vigente, sino que expone un modus operandi irregular en las compras públicas. “El procedimiento administrativo está reglado y no puede quedar librado a la discrecionalidad de funcionarios”, remarcó el denunciante.
Interrogantes sin respuesta
La presentación judicial plantea preguntas clave que comprometen al Ejecutivo municipal:
¿Cómo se cargó mercadería a una licitación aún no perfeccionada?
¿Qué constancias oficiales existen del retiro y entrega?
¿Se labraron actas de recepción o se confeccionaron documentos antedatados?
Cedro considera que cualquiera de estas hipótesis es ilegal y amerita investigación judicial. Por ello pidió que la Fiscalía secuestre los expedientes completos, facturas, remitos y recursos administrativos, además de realizar inventarios en depósitos municipales y tomar declaración a funcionarios y proveedores.
Una gestión bajo sospecha
Si bien existe otra causa judicial en curso por alimentos escolares, Cedro advierte que este caso es distinto y debe esclarecerse de manera independiente.
Lo cierto es que la denuncia expone con crudeza la falta de transparencia y los manejos discrecionales de la gestión Azcué en un área tan sensible como la alimentación destinada a sectores vulnerables.
Fuente: Diario Junio.
