El secretario de Trabajo de Entre Ríos, Mariano Camoirano, reconoció una caída del empleo formal provincial. En declaraciones a A Quien Corresponda, de Radio Plaza, reproducidas por ANÁLISIS, estimó que en los últimos seis meses se perdieron entre 1.000 y 2.000 puestos asalariados registrados.
La cifra requiere una distinción: la reducción del empleo registrado expresa el resultado entre incorporaciones y bajas. Por eso, no equivale necesariamente al número total de despidos. Además, el rango mencionado constituye una estimación, que no permite establecer una cantidad exacta ni distribuirla por localidad o actividad.
Camoirano explicó que la Secretaría carece de un registro mensual completo porque los empleadores no siempre comunican altas y bajas. Señaló que se trabaja en la integración de información de ARCA.
También citó un informe que contabilizó 134.886 empleos privados registrados en febrero de 2026, con 1.204 puestos menos que un año antes.
Este último dato corresponde a una comparación entre febrero de 2025 y febrero de 2026. No debe sumarse a la estimación semestral ni interpretarse como una pérdida adicional: son referencias con períodos diferentes. Tampoco permite, por sí solo, describir lo ocurrido hasta octubre.
El funcionario describió una actividad sostenida de audiencias y acuerdos por desvinculaciones. Sobre los extrabajadores de Tres Arroyos, anunció un segundo subsidio y continuidad de la asistencia alimentaria.
La atención de una desvinculación y la recuperación del empleo son dimensiones diferentes de la respuesta estatal. La primera aborda las condiciones en las que finaliza una relación laboral; la segunda requiere nuevas oportunidades de contratación. Un acuerdo administrativo no supone que la persona haya conseguido otro trabajo.
En cuanto a las políticas provinciales, destacó los incentivos a inversiones y el programa Entrenados.
Para evaluar los resultados de esas herramientas será necesario distinguir entre proyectos anunciados, inversiones ejecutadas y empleos efectivamente creados. Del mismo modo, una práctica de formación constituye una instancia previa que debe diferenciarse de una contratación posterior.
El panorama expuesto deja así dos cuestiones centrales: la reducción de puestos reconocida por el funcionario y la necesidad de contar con registros más completos y comparables para dimensionar su alcance.
