El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) dejó firme la Licitación Pública Nº 47/2026 para el servicio de recolección de residuos en Concordia, proceso que resultó en la adjudicación por cuatro años a la firma VITSA Soluciones Ambientales S.A. A pesar de que el Ejecutivo municipal presentó el pronunciamiento como una ratificación global de la legalidad de la gestión, la resolución judicial no examinó la contratación directa inicial ni las actuaciones del organismo de control.
El fallo del máximo tribunal de la provincia se circunscribió a desestimar planteos vinculados al pliego licitatorio, puntualmente sobre las exigencias ambientales del régimen de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y el plazo contractual. Al respecto, el tribunal consideró que los puntos cuestionados requerían un análisis de interpretación normativa que excedía el marco de la acción presentada, aclarando además que la contratación es por cuatro años y que una eventual prórroga deberá evaluarse al momento de su disposición.
Sin embargo, la vía judicial no agota las revisiones sobre el desembarco de la empresa en la ciudad. El 19 de marzo de 2026, el Concejo Deliberante aprobó sobre tablas la Emergencia Ambiental para habilitar la contratación directa de VITSA por $250 millones mensuales, procedimiento cuestionado por la presencia de vehículos de la firma antes de la sanción de la ordenanza. Esta acción derivó en una denuncia penal presentada el 12 de junio por el abogado Mariano Giampaolo para investigar la secuencia administrativa, la validez de los informes técnicos y la presunta comisión de delitos contra la administración pública.
En paralelo, el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos mantiene abierta una actuación iniciada el 28 de agosto a solicitud de las concejalas Carolina Amiano y Claudia Villalba. El organismo requirió al Municipio el expediente completo, los decretos Nº 245/26 y 246/26, certificados de servicio, órdenes de pago y la documentación que justifique la razonabilidad económica del valor pautado. De esta manera, el proceso de auditoría y la causa penal continúan su curso independiente de la resolución sobre el pliego de la Licitación Pública Nº 47/2026, fijada en un presupuesto oficial de $16.320 millones.
