El Gobierno de Entre Ríos comienza la semana administrativa del lunes 13 de julio en un escenario de alta complejidad política, determinado por la resistencia simultánea de los sindicatos docentes y estatales. Las tensiones se concentran en dos ejes estratégicos para la gestión provincial: el estancamiento de la negociación salarial en el sector público —cuya paritaria docente oficia históricamente como «paritaria testigo» para el resto de los escalafones— y el rechazo unificado al proyecto de reforma del sistema jubilatorio, que se apresta a ser debatido en el recinto de la Cámara de Senadores.
La administración central enfrenta un cronograma de protestas orgánicas y medidas de fuerza que pondrán a prueba la capacidad de contención política del oficialismo en ambas cámaras y en las mesas de negociación laboral.
El frente docente: Ofertas oficiales y deliberación en el plenario de AGMER
La Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) concretará este lunes a partir de las 15:00 horas su Plenario de Secretarios y Secretarias Generales en modalidad virtual. El cónclave de las bases se instrumenta tras la desestimación de dos propuestas consecutivas formuladas por el Ejecutivo:
- Evolución de las ofertas: La propuesta inicial consistió en una recomposición del 6% abonada en dos tramos (3% en julio y 3% en septiembre). Ante la negativa gremial, el Gobierno presentó una mejora que elevó el tramo de septiembre al 4% (totalizando un 7% bimestral) con una actualización en la base de cálculo.
- Garantías mínimas y asignaciones: El ofrecimiento oficial contempló además elevar el salario mínimo docente a $850.000 a partir de julio —lo que representa un incremento del 14% respecto al piso anterior— e introdujo subas de entre el 20% y el 28% en los adicionales correspondientes al Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) y Conectividad. La conducción de AGMER ratificó que las cifras son insuficientes y que no cubren las necesidades macroeconómicas actuales de los trabajadores de la educación.
Posicionamiento de los sindicatos estatales
Las alarmas en la Casa de Gobierno se encendieron ante la coincidencia de criterios entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), cuyas conducciones manifestaron de forma unánime que la pauta del 6% global no se condice con la realidad del escalafón general:
Declaraciones sectoriales: Desde ATE, el secretario general Oscar Muntes calificó el porcentaje de «insuficiente» y demandó un compromiso formal de la Provincia para instrumentar un ofrecimiento metodológicamente diferenciado que recupere el poder adquisitivo. En sintonía, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, remarcó la complejidad del contexto socioeconómico y advirtió que la pauta salarial planteada solo podría prosperar si el Gobierno anexa de forma inmediata soluciones sectoriales a problemáticas extra-remunerativas, puntualmente en el sistema de salud pública.
El frente previsional: Dictamen, debate legislativo y huelga general
El segundo foco de conflicto institucional se trasladará de forma directa a la Legislatura provincial el próximo miércoles 15 de julio, jornada en la que el oficialismo parlamentario buscará convertir en ley el proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, tras haber emitido dictamen de mayoría en las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta.
Como contraestrategia de presión civil, la Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional ratificó la convocatoria a una «gran huelga provincial» con movilización hacia los accesos de la Casa de Gobierno para ese mismo miércoles. El bloque intersindical fundamenta su rechazo en los perjuicios que las facultades especiales, el aumento de la edad jubilatoria y la suba de alícuotas de aportes ocasionarán sobre el esquema de movilidad del 82% y los regímenes de pensiones e invalidez, emitiendo un emplazamiento directo a los senadores departamentales respecto al impacto del voto en sus respectivas comunidades.
