Una nueva jornada de protesta en el sistema educativo entrerriano volvió a poner de manifiesto profundas divergencias entre los datos gremiales y los relevamientos oficiales respecto al acatamiento de la medida de fuerza. Mientras la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) informó un nivel de acatamiento promedio del 75 por ciento en las escuelas del territorio provincial, el Consejo General de Educación (CGE) sostuvo que la concurrencia docente superó el 80 por ciento, asegurando el dictado de clases y el cumplimiento del calendario pedagógico en los 17 departamentos de la provincia.
Desde la representación sindical, el secretario general del gremio, Abel Antivero, sostuvo que los guarismos difundidos por la administración provincial buscan desestimar la magnitud del reclamo y visibilizar un escenario distante de la realidad cotidiana de las instituciones escolares. El dirigente repasó el proceso deliberativo que derivó en la huelga, destacando que la decisión se alcanzó de forma unánime luego de un extenso debate en asambleas y en el congreso de la entidad. Antivero remarcó la preocupación del sector frente a lo que definió como la cuarta paritaria frustrada del año, indicando que el desfasaje entre las recomposiciones salariales otorgadas por decreto y la inflación proyectada genera una brecha desfavorable de entre 15 y 16 puntos porcentuales para el bolsillo de los educadores, a lo que sumó reclamos por las condiciones de infraestructura, la sobrecarga laboral y la situación prestacional de la obra social provincial. Ante esta coyuntura, desde el gremio anticiparon un inicio de ciclo lectivo 2027 atravesado por la conflictividad y confirmaron la continuidad de las medidas de visibilización mediante el despliegue de la Escuela Itinerante Entrerriana en distintas localidades, con una próxima intervención programada en Concepción del Uruguay.
En contraposición, las autoridades del CGE señalaron que el monitoreo de campo realizado en los establecimientos de toda la provincia reflejó un sostenimiento mayoritario de la actividad presencial por parte del personal docente y directivo. Desde el organismo educativo evaluaron que la respuesta de las comunidades escolares demuestra una voluntad clara de resguardar el derecho a la educación y garantizar la regularidad pedagógica de niños, niñas y jóvenes. Asimismo, la cartera provincial extendió un reconocimiento formal a las familias por acompañar el funcionamiento institucional y enviar de manera habitual a los estudiantes a las aulas, ponderando la sinergia entre el Estado, las instituciones educativas y los tutores para asegurar la continuidad del ciclo lectivo.
