El presidente de la Agencia Administradora de Bienes de Entre Ríos, Eduardo Asueta, destacó la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de iniciar una demanda contra el Estado nacional para reclamar la recomposición de los excedentes de Salto Grande. Lo hizo durante su participación en el Congreso Nacional de Derecho Administrativo, desarrollado en Paraná los días 29 y 30 de octubre.
Asueta, quien impulsó la iniciativa y colaboró en su elaboración con la Fiscalía de Estado, encabezada por Julio Rodríguez Signes, explicó los fundamentos del reclamo y su vinculación con los compromisos asumidos por la Nación frente a las provincias afectadas por la represa.
“Esta es una acción reparatoria por los incumplimientos del gobierno nacional a la promesa de navegabilidad del río Uruguay, por las obras inconclusas y no realizadas, y por los daños económicos, sociales y ambientales que supuso la represa para la provincia, especialmente para la región de Salto Grande”, expresó.
El funcionario valoró las gestiones del gobernador para mejorar el precio de la energía generada por el complejo hidroeléctrico y, de esa manera, incrementar los recursos que reciben las provincias. En paralelo, remarcó la importancia de haber llevado el planteo a la Justicia.
“Es destacable esta decisión porque, en paralelo, se interrumpe la prescripción y se reclama por la totalidad de los excedentes, que actualmente representan apenas el 15 por ciento de lo que eran en 2012”, sostuvo.
Durante su exposición, Asueta recordó que el Pacto Intrafederal de 1998 tuvo un propósito reparatorio. Según explicó, las provincias asumieron el compromiso de no reclamar por la promesa incumplida de navegabilidad del río Uruguay, las obras pendientes y la mitigación de los daños ocasionados por la represa. Como contrapartida, la Nación se comprometió a transferirles los excedentes generados por Salto Grande.
Desde su perspectiva, ese mecanismo perdió alcance económico por las decisiones adoptadas sobre el valor de la energía. Asueta atribuyó esa situación a los sucesivos gobiernos nacionales desde 2013, a los que cuestionó por una baja del precio que calificó como deliberada y discrecional.
En ese marco, consideró que la demanda tiene fundamentos jurídicos sólidos y expresó su expectativa de que permita recuperar los recursos destinados a la región. También afirmó que el presupuesto de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) ronda el 15 por ciento del que tenía antes del proceso de reducción que describió.
“En su momento, el tratado constituyó una reparación histórica, y la acción judicial que se está llevando adelante tiende a que efectivamente vuelva a serlo, de acuerdo con el texto de lo firmado”, concluyó.
